El trabajo infantil en Colombia: un obstáculo para el desarrollo integral infantil y adolescente

La Gran Encuesta Nacional de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) descubrió que, entre octubre y diciembre del 2022, un total de 369 mil personas entre los 5 y 17 años ejercieron actividades laborales en Colombia. Esta cifra desconoce que, si bien delegar responsabilidades a los niños, niñas y adolescentes desde una corta edad es importante para promover su desarrollo integral, hay ciertas labores que pueden exponerlos a condiciones vulnerables, jornadas largas y presiones económicas que no son apropiadas para su edad y madurez, y pueden generar riesgos físicos y psicológicos que afecten su bienestar.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la pobreza es la principal causa y consecuencia del trabajo infantil. Esto debido a que, en la mayoría de casos, la pobreza promueve el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a la vida laboral, a la vez que motiva su deserción escolar. Si bien la mayoría de niños, niñas y adolescentes realizan estas labores en aras de ayudar a la economía del hogar, sus esfuerzos suelen ser positivos únicamente a corto plazo, ya que la priorización del trabajo sobre la educación hace que pierdan oportunidades para ascender socialmente. Esto causa un ciclo de pobreza generacional que limita futuras aspiraciones e impide mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha señalado que la cultura y la desprotección de la población son causas relevantes del trabajo infantil, pues ambas minimizan su gravedad.

El Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo establece que entre las peores formas de trabajo infantil se encuentran la esclavitud, trata y venta de niños, su explotación sexual y prostitución y su utilización para la producción y tráfico de estupefacientes. No obstante, es importante tener en cuenta que el trabajo infantil también hace referencia a “todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico” (OIT, s.f.), incluso si se trata de actividades culturalmente aceptadas, cuando estas no se desarrollan bajo los parámetros legales. Las labores más comúnes en niños, niñas y adolescentes son la agricultura, ganaderia, caza silvicultura y pesca, seguidas por el sector comercio y la reparación de vehículos, al igual que la industria manufacturera (DANE, 2023).

La ley dispone que los menores de 18 años pueden trabajar siempre y cuando cumplan con la edad mínima de 15 años y posean la autorización del inspector de trabajo competente. En ese caso, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar establece que la jornada laboral de dicha población no puede superar las 6 horas al día, ni las 15 horas a la semana, y debe cumplir con condiciones óptimas que no impliquen riesgos físicos, biológicos, de seguridad, biomecánicos, ni psicosociales. Adicionalmente, los menores de 15 años pueden obtener autorización del inspector de trabajo para ejecutar “actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo” (ICBF, 2019).

Con el fin de combatir el trabajo infantil en Colombia, se creó el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador (CIETI), en cabeza del Ministerio de Trabajo. Este comité trabaja a nivel nacional, departamental y municipal para proponer políticas encaminadas a prevenir y erradicar los riesgos o situaciones de trabajo infantil y brindar una protección integral a los adolescentes trabajadores y sus familias. El CIETI está conformado por entidades como el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación y la Policía de Infancia y Adolescencia. No obstante, sus iniciativas requieren de la colaboración concurrente del Estado, el sector privado y la sociedad, para ejercer vigilancia y promover la denuncia de situaciones en las que los derechos de la infancia se vean vulnerados.

A pesar de que existen regulaciones legales que prohíben la explotación laboral y económica de los niños, niñas y adolescentes, esta sigue siendo una práctica común, que se desarrolla con naturalidad en Colombia. Esto implica una masiva vulneración a los derechos de la infancia y la adolescencia, pues causa consecuencias físicas y psicológicas que vulneran su bienestar, desarrollo integral y dignidad humana. Por tal razón, es fundamental que todos los sectores de la sociedad asuman la responsabilidad colectiva de erradicar esta práctica, entendiendo que los menores de 18 años son una población vulnerable, cuyos intereses priman para asegurar la equidad entre todos los miembros de la sociedad