Están por cumplirse tres años del Paro Nacional del 21 de noviembre, y desde entonces el debate sobre las protestas ha estado más vivo que nunca. Si bien en el pasado ya habían sucedido otro tipo de estallidos sociales de gran zozobra, el 21N fue el primero que se desarrolló en el marco de la Constitución de 1991. Este hito en la historia contemporánea finalmente ha abierto la reflexión sobre el papel de las manifestaciones en la construcción de la sociedad colombiana, un diálogo aplazado desde hace décadas por la polarización y la actitud esquiva del Estado cuando de lidiar con el tema se trata.
Colombia se fue acostumbrando de a poco a criminalizar la protesta desde sus primeras manifestaciones, principalmente aquellas contrarias al gobierno. Sin remontarnos demasiado al pasado, tenemos los ejemplos de la masacre de las bananeras y sus huelgas de 1928 y 1929, las protestas de junio de 1954 y el paro cívico de 1977. Todas estas fueron convocadas en rechazo a las políticas públicas y, dados diversos factores, fueron aplacadas por el Estado con violencia y represión, causando que el estallido siguiente fuese más severo que el anterior. Es durante estos momentos históricos que se construyó la idea del “protestante delincuente”, un estereotipo vivo hasta hoy día e intensificado por el estallido del 21N.
No fue entonces de extrañar cuando los más fervientes detractores del Paro del 21 de noviembre aseveraron públicamente que los manifestantes eran unos “resentidos sociales”. Aunque dichos detractores les llaman así despectivamente, en realidad es un término adecuado, no porque sea correcto ese apelativo ni porque justifique las acciones de los manifestantes, sino porque explica la naturaleza violenta del 21N, de las protestas anteriores y de las subsecuentes.
Antonio García Nossa explica que el resentimiento, si bien es esencialmente negativo, resulta ser la principal fuerza motriz de los grandes levantamientos sociales de nuestra historia. El pueblo, las grandes masas populares, no tiene la consciencia política ni social para comprender la teoría de las problemáticas del país, pero sí tienen el corazón y las emociones propias de cualquier ser humano; uno que siente dolor, que se lastima, que se indigna, que llora. Por esto es que su única voz va mucho más allá del diálogo, es una emoción que se expresa primitivamente por medio del resentimiento, pero no un resentimiento contra “lo que no tienen o no quieren lograr”, sino un clamor por justicia que se ha ido gestando durante generaciones.
Pero este resentimiento desatado no es por completo explicación de las dinámicas del estallido social, pues también entra el juego el desinterés del Estado por escuchar las voces del pueblo e incluso, de actuar con violencia en su contra. Tal como en las grandes manifestaciones del pasado, en el 21N el gobierno se valió de la fuerza para acallar las voces del pueblo enardecido; fue una protesta violenta porque la violencia era la única alternativa que el Estado le dejó a los inconformes, por cuanto las instituciones históricamente habían arremetido violentamente contra el pueblo para preservar un orden arbitrario, puesto al servicio de la ideología de los poderosos. Allí es que se cultiva el más profundo resentimiento humano, que no podía desencadenarse de otra forma si no era por violencia.
Claro está que no por ello la violencia es positiva, ni mucho menos. Es más, la protesta pacífica también ha logrado canalizar la voz de grandes intereses sociales y clamores por la paz, como fue la marcha del 4 de febrero de 2008 en rechazo a las acciones de las FARC, y las del 6 de marzo del mismo año, contra los crímenes del paramilitarismo. Pero, aunque estas marchas también partían del dolor colectivo contra la muerte, el Estado y sus intereses del momento no estaban siendo atacados, ni la población tampoco se movilizaba contra el gobierno mismo, por lo que no se podía desencadenar el resentimiento popular contra la injusticia. No obstante, también hay que entender que las marchas de aquel entonces, principalmente las que rechazaban a las FARC, eran apoyadas por el gobierno mismo y, por lo tanto, los manifestantes no tenían la necesidad, ni espontánea ni cultivada históricamente, de apelar a la violencia. Es por esto mismo que las protestas más recientes contra el gobierno de Petro, el pasado 26 de septiembre, fueron pacíficas, ya que los manifestantes no habían incubado un resentimiento contra el gobierno por cuanto desde hace tiempo lo habían apoyado. Y es que, ahora que lo critican, la fuerza pública tampoco actúo con violencia contra ellos, por lo que tampoco se está gestando una nueva fuerza de sentimientos reprimidos.
Así pues, la violencia generalizada que se desencadenó con las protestas del 21N y las subsiguientes es producto de nuestra propia construcción de sociedad, de Estado y de nacionalidad. Las críticas que buscaban deconstruir el gobierno de Duque, en su momento, se veían matizadas por la manifestación externa del resentimiento popular de una población reprimida y apartada de los diálogos institucionales, mediante la destrucción de la propiedad pública y el ataque a las fuerzas policivas. Esto es lo que indigna a la fracción más conservadora y parsimoniosa del país: que las ideas contrarias a su pensamiento están ligadas a una violencia primitiva, cuya necesidad catártica ignoran. Y es que tal como el gobierno ha cultivado desde la independencia la mano dura contra quienes le contradecían, esa misma severidad es la que cosecha cuando por fin estalla el fervor de los opositores. Todo el pueblo es víctima de esta dinámica.
Evidentemente tanto las demandas de los manifestantes como los reproches de los contradictorios deben ser estudiados y debatidos. No se trata de quién tiene la razón, ni quién está equivocado, ni de culpas ni de responsables; la realidad política del país es producto de infinitas causas y consecuencias que no se pueden reducir a la visión simplista de “izquierda socialista y derecha capitalista”. La economía, el orden jurídico y la construcción institucional dependen de factores que trascienden las corrientes ideológicas, y sus proyectos a futuro dependen del diálogo y el debate. Pero sí es imperativo afrontar, tan pronto como sea posible, esa noción de ciudadanía que históricamente se ha formado en Colombia, donde la violencia es el único medio útil para hacerse escuchar. Cuando el Estado deje de promover esa noción es que estaremos preparados para iniciar una vida en paz, reconociendo que violencia no se limita a la acción armada, sino también a la exclusión, la criminalización, la falta de acción y la categorización despectiva de los contrarios, predominante entre los poderosos y aquellos ciudadanos olvidados, carentes de representación y de influencia política.
El resentimiento no es una debilidad, aunque tampoco una fortaleza positiva, sino la canalización de un pueblo sin consciencia de clase que no tuvo otra opción sino alzarse severamente contra un Estado ciego a sus necesidades. Un Estado consumido por los intereses y las influencias del poder y que, si no cambia cuanto antes, tal como dicta el refrán bíblico, cual a hierro mata, a hierro muere.
