El lunes 13 de septiembre Colombia se despertó, y encontró una tragedia. En Santa Marta, en horas de la madrugada, ocurrió un accidente automovilístico que dejó seis muertos y un herido. Las víctimas eran jóvenes, varios menores de edad, que celebraban un cumpleaños, el de Brian, único sobreviviente. Al volante del automóvil iba Enrique Vives, empresario y dueño de Bananitas S.A.S. El siniestro ocurrió a las 12:50 a.m, en el kilómetro 86 + 100 de la Troncal del Caribe, y según reportes de la Policía el conductor iba con exceso de velocidad y grado dos de alcoholemia.
Foto tomada de: Wradio
La palabra tragedia es utilizada hoy en día con ligereza, pero no hay una más adecuada para describir lo sucedido. “Tragedia” nos llegó al español desde el latín, que a su vez la prestó del griego τράγος (tragos), traducido como chivo. A los chivos los degollaban públicamente en las fiestas a Dionisio, dios del vino, y dos mil años más tarde pareciera que estamos haciendo lo mismo.
Enrique es parte de la familia Vives, y sus primos durante mucho tiempo participaron activamente de la política en Santa Marta. Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena y enemigo político de los Vives, no tardó en pronunciarse sobre los hechos. Sus afirmaciones han sido como carbón para las brasas. Cuestionó a Vives y su abogado, acusándolos de eludir la justicia. En una rueda de prensa el gobernador dijo sobre que Vives estuviese en una clínica “hace presumir que van a dilatar el proceso durante mucho tiempo”. Tal afirmación hace a su vez presumir que Caicedo desconoce el hecho de que Vives fue agredido en presencia de la policía en el lugar de los hechos, y se encontraba en un grave estado de salud mental, presuntamente con estrés postraumático. El gobernador también se manifestó sobre el abogado de Vives, Alex Fernández Harding, con quien ha tenido disputas sobre los supuestos homicidios que este cometió cuando era rector de la Universidad del Magdalena, diciendo que “es un defensor del clan Cotes”, que son sus enemigos políticos. La política parece ser intrínseca al caso, por la presión que ha ejercido Caicedo, y que ha avivado el odio de clases en la ciudad, que según muchos es su obvia plataforma política.
En este clima turbio la Fiscalía hubiera podido instaurarla calma, haciendo un llamado al sosiego, y a que las leyes se cumplieran a cabalidad en el caso. Sin embargo, las audiencias han sido escenario de gritos y de altercados. El padre del acusado, Alfredo Vives Lacoutoure, se pronunció sobre la politización del caso y acusó a la fiscalía de obedecer a presiones sociales y políticas. El fiscal encargado le imputó a Vives el delito de homicidio doloso en modalidad de dolo eventual, una imputación que a todas luces es errada, pues el dolo eventual consiste en realizar alguna actividad imprudente con algún riesgo aceptándolo por “egoísmo, frivolidad u otro sentimiento antisocial”, según el juez Mario Filozof.
Sin embargo, para este caso sería más acertado el tipo de homicidio culposo, haciendo uso de la figura de la culpa con representación definida por la doctora María Camila Correa, abogada y catedrática de derecho penal en la Universidad del Rosario, como una situación en la que “ que el sujeto pueda prever el resultado pero no lo acepta porque cree puede evitarlo mediante sus capacidades”. Así, el detalle de la imputación está en el elemento volitivo, es decir que hubiese o no la voluntad deliberada de cometer la acción. La fiscalía entonces pretende argumentar que Vives aceptaba la posibilidad de atropellar a alguien en la vía, y no solo esto, que no le importaba.
Todo el teatro que se ha montado alrededor del caso ignora varios hechos clave. No se ha hablado de las condiciones de la vía, que tiene la infamia de ser oscura, y si bien esta es parte de un proyecto nacional, la iluminación de esta es responsabilidad de Essmar, la empresa de servicios públicos del Magdalena, y de la cual ha sido directora Patricia Caicedo, hermana del gobernador. Los jóvenes se vieron obligados a caminar en la carretera por temor a la inseguridad, que está disparada en el Magdalena. Solo en el mes de junio se contaron 67 muertes violentas en el Magdalena, esta crisis de criminalidad deja a muchos samarios exigiendo soluciones a Caicedo y a la alcaldesa de la ciudad Virna Johnson, aliada del gobernador. Además la accidentalidad en el departamento tampoco ha sido solucionada por los mandatarios. En el 2021, se han contado 65 muertes en accidentes de tránsito, varias de estas cerca de puentes peatonales, inutilizables por la inseguridad.
A pesar de la situación desesperanzadora no se puede perder la confianza en la justicia. Los padres de las víctimas están justamente indignados, y sus clamores no pueden ser desatendidos. Enrique Vives es culpable de asesinar a seis jóvenes, sus muertes son lamentables y nada menos que una gran pérdida no sólo para sus familias, sino para la comunidad samaria. Sin embargo los teatros políticos sólo entorpecen los procedimientos. La doctora María Camila Correo dijo en entrevista “Yo quiero creer que la presión de los medios no afecta las decisiones de los jueces”, Colombia quiere creer lo mismo.
Nota: La información expresada en este artículo no compromete la voluntad de la Universidad del Rosario ni del Periódico Enclaustrados.
