Escasos meses han pasado desde la entrada en funciones del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, sin embargo, las preocupaciones saltan a la vista desnudando las necesidades estructurales que, entre los aires de reforma y “cambio” se hicieron temas principales de las distintas carteras ministeriales. Por su parte, la intervención del Ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el Congreso de la República reabrió un debate histórico respecto del modelo punitivo y sus posturas críticas.
Tenemos que pensar en un sistema de castigo que tenga como centro a la víctima. De qué le sirve a una persona que le hayan robado el celular, o que la hayan maltratado, o que haya sido víctima de cualquier delito, que su agresor pase una temporada en la cárcel. ¿No serviría más que organizamos un encuentro entre el agresor y la víctima? (…) una persona que le roban el celular se siente restablecida si le devuelven su celular, el agresor tendría que darle un celular nuevo e indemnizarlo con seis meses de factura del celular.
Si bien el Ministro, en la misma intervención, opta por un ejemplo que pasa por “inocente” o “poco preciso”, al trasfondo de su intervención no le falta ni sustento, ni desarrollo. Por el contrario, permitió reabrir una discusión (que existía desde antes de la expedición del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004) sobre la justicia restaurativa y los fines punitivos de la cárcel como medidas de reparación a las víctimas y, por otro lado, la preocupación y urgencia de una reforma al sistema penitenciario que permita acabar con los altos índices de hacinamientos en los penales y las precarias condiciones en las que viven los presos y presas del país.
En Colombia, según datos del INPEC, para el primer semestre del año el nivel de hacinamiento se ubica en el 19%. Lo que en principio significa una mejora respecto de los años anteriores, sigue sin ser suficiente y el problema aumenta sus consecuencias estructurales. La realidad de los penales en el país es crítica si se considera que la capacidad total a nivel nacional es de 82.232 reclusos y, actualmente, hay 97.850 detenidos. Incluso los datos que se presentan como logros siguen siendo una “dolor de cabeza” para el sistema penitenciario; balances en el número de capturas efectuado por la Policía Nacional, que alcanzó las 107.153 en el primer semestre del presente año, podría ser visto como un triunfo sobre las bandas criminarles o los agentes de crimen organizado, sin embargo, el 15% que pasan a manos del INPEC, lo que implica un aumento de personas privadas de la libertad recluidos en centro intramuros. Dicha problemática se extiende a los centros de detención transitoria (PONAL) como son los casos de ciudades capital como Santamarta, donde los centros transitorios alcanza el 590% de hacinamiento, estando por debajo de la ciudad de Bucaramanga donde el hacinamiento en centros y transitorios llega a 835% o el alarmante caso de hacinamiento de la Estación de Policía de Riohacha que se llegó al 2.000%, entre distintos ejemplos que siguen encendido las alarmas de los gobiernos tantos locales como nacionales. No por menos es que el sistema penitenciario en Colombia fue declarado bajo el “estado de cosas inconstitucional” por la Corte Constitucional mediante Sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013, extendidas a centros de detención transitoria, donde se han concentrado nuevos casos de hacinamiento cada vez más alarmantes.
Acorde a la jurisprudencia, lo expuesto anteriormente no sólo demuestra una necesidad social de transformación del sistema punitivo, sino que también recuerda el urgente mandato constitucional de un sistema que no vulnere los derechos fundamentales, acorde a los principios y garantías constitucionales. Es evidente que esta propuesta puede llegar a tener un “costo político” impulsado tanto por los distintos sectores (que ven en el castigo punitivo la respuesta para mitigar el aumento de la criminalidad en el país) como para los grupos promotores de modelos más rígidos, como la cadena perpetua o la pérdida de garantías en el proceso penal. Este es un costo que se puede —y debe— tomar en la búsqueda de un modelo de justicia restaurativa integral y efectivo. Siendo así, la experiencia internacional es vivo testimonio de la implementación de un sistema penitenciario restitutivo dejando logros de hasta un 14% en la disminución de reincidencia, al igual que la reducción de costos penitenciarios por la adopción de medidas de justicia restaurativa.
Sin embargo, vale advertir que la justicia restaurativa es un concepto en construcción, nutrido a su vez por las distintas prácticas y experiencias de la adopción de estas medidas en los diversos modelos de justicia. En este sentido la experiencia colombiana sigue mostrando dificultades a la hora de aplicar los sistemas no propiamente punitivos o mecanimos de “justicia restaurativa” —esencialmente la conciliación y mediación— se han desarticulado con las modificaciones al régimen legal y la evidente imposibilidad de los distintos gobiernos en construir modelos de política criminal del Estado que logren subsanar las fallas sistemáticas de un modelo penitenciario que sigue siendo deshumanizante, violatorio de garantías y derechos fundamentales.
En este sentido, la intervención del ministro Néstor Osuna permite reabrir un debate, que, sin ser novedoso, es muestra de la voluntad política del gobierno por consolidar una reforma necesaria del sistema penitenciario y carcelario del país con la implementación de modelos de justicia restaurativa que logre llevarse a la práctica efectiva. Ahora, tanto el “polémico” ejemplo, como la tergiversación mediática terminan afectando la posibilidad de construir un sistema de justicia restaurativa que permita establecer un sistema penitenciario dignificante que aporte a solución de los conflictos sociales y la superación de violencias estructurales. En cuanto a las cárceles y la respuesta al populismo punitivo siempre debe hilarse fino. Las palabras tumban reformas y esta reforma es mucho más que un plan de datos.
Referencia:
Celular robado, celular devuelto y con 6 pagos de facturas: la propuesta de Osuna. (2022, 24 agosto). ELESPECTADOR.COM. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de https://www.elespectador.com/judicial/celular-robado-celular-devuelto-y-con-6-pagos-de-facturas-la-propuesta-de-osuna/
En qué consiste la propuesta de justicia restaurativa para los ladrones de celulares. (2022, 24 agosto). [Vídeo]. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-que-consiste-la-propuesta-de-justicia-restaurativa-para-los-ladrones-de-celulares-3431712
