No es ajeno para nadie la presente crisis que enfrenta el país tanto política como cultural y socialmente, con la reciente escalada no solo de masacres por todo el territorio nacional[1], sino también de la masiva exposición de abusos de autoridad de la Fuerza Pública por parte de particulares que exhiben los hechos, como de continuos actos cometidos por distintos servidores públicos que afectan alguna entidad estatal o incluso sus recursos[2]. Han exacerbado continuamente los ánimos de la población llevándolos a protestar en las calles de las grandes ciudades desde el 2019 para rechazar actos que, para la moral social colectiva resulta contrario.
A partir de ello, se observó en el mes de septiembre del año 2020 un sin fin de manifestaciones que desataron una multiplicidad de actos violentos entre los mismos integrantes de las marchas y la Fuerza Pública para reprimir estos comportamientos. Ahora bien, el presente texto no tendrá el propósito de explicar el abuso de autoridad por parte del Estado en las manifestaciones de la ciudadanía. Por el contrario, se centrará en explicar el cómo muchas personas justifican su actuar violento, vehemente e intenso dentro de estas manifestaciones cuando no media entre ellas represiones ilegítimas, por parte de grupos estatales o grupos de autodefensa ciudadana para frenar las marchas.
Es decir, el por qué muchas de las personas que deciden participar en manifestaciones colectivas tras ciertas noticias que conmocionan al país, lo hacen de forma violenta hacia instalaciones públicas, hacía la misma Fuerza Pública, incluso hacía propiedad privada y civiles desarmados, afectando no solo su patrimonio sino su integridad física, sin que hubiese una agresión previa, abandonando cualquier forma de manifestación pública y pacífica.
Para ello, se abordarán ciertos temas relativos a la criminología y sociología, entre ellos el auge del periodista ciudadano y la dualidad moralista. Asimismo, lo referente a la función del castigo y la teoría de la asociación diferencial. Y, por último, las distintas técnicas de neutralización y los estados de negación de las personas para justificar sus comportamientos.
El inicio del caos
Aproximadamente el 9 de septiembre del 2020, se ocasionó en la capital del país una revuelta ciudadana que inició con la quema de distintos CAI por toda la ciudad. Posteriormente, tras una noche caracterizada por la represión policial, violencia ciudadana, confusión y miedo civil, se dejó un balance de 7 muertos, 209 civiles y 194 policías lesionados, según como lo reportó el Ministerio de Defensa el 10 de septiembre del año en mención (BBC News Mundo, 2020).
Greer & McLaughlin en su artículo “We Predict A Riot?” (2010) plantean el auge de una nueva forma de hacer noticia, el denominado periodista ciudadano: “(…) como un actor clave en el proceso de producción de noticias y un indicador clave de los contextos cambiantes en los que se generan, difunden y consumen "noticias"” (p. 1043). Donde afirman, que, por lo tanto, existe hoy en día una mayor posibilidad de que imágenes, videos y otro tipo de material, en cierto modo dañino para las instituciones de la fuerza pública empiecen a circular con mayor facilidad en los medios de comunicación y redes sociales, resaltando la vitalidad e importancia del ascenso del ciudadano periodista.
Lo anterior explica el rechazo generalizado que ocasionó en la población de Bogotá, el video que un periodista ciudadano publicó en las redes sociales en la madrugada del 9 de septiembre. Este mostraba un presunto “procedimiento” policial donde se mostraba el abuso de dos oficiales de policía contra un ciudadano quien rogaba por su vida, mientras estos sujetos le proporcionaban constantes choques eléctricos con una pistola Tazer y demás vejámenes físicos que conllevaron a su tortura y, posterior muerte en las instalaciones de un CAI.
Es así como Allan y Thorsen (2009) definen el periodismo ciudadano como “las acciones espontáneas de gente corriente, atrapada en acontecimientos extraordinarios, que se sintieron obligados a adoptar el papel de un reportero de noticias” (Greer & McLaughlin, 2010, p. 1045). Lo que explica como en cuestión de horas aquel video generó un repudio total frente a la conducta de estos hombres no solo en las redes sociales sino también en los medios de comunicación.
Todo el odio contenido por gran parte de la población hacia la Policía Nacional llegó a su punto más álgido con aquel video sin censura que demostraba uno de los tantos casos de abuso policial que se presentaban en la ciudad pero que no había logrado tener tanta indignación social. Esta indignación se materializó alrededor de las 6:00 pm de ese 9 de septiembre, cuando se había convocado una velatón al frente del CAI de Villa Luz en la localidad de Engativá para rechazar la muerte del ciudadano que murió a manos de la Policía Nacional.
Lo que estaba planeado como una manifestación pacífica, se tornó en un ambiente violento entre ciudadanos y la Fuerza Pública cuando varios manifestantes habrían comenzado a destrozar esta estación hasta quemarla, actuación espontánea proveniente del descontento. Lo anterior, tuvo mucho apoyo social pues para esa noche se habrían destruido más de 45 CAI en toda la ciudad, a modo de rechazo hacia esta institución.
Esto puede verse desde aquella dualidad moralista, donde muchos ciudadanos legitiman el comportamiento de otros sujetos que se dedican a combatir contra el “mal” -que social y culturalmente en un determinado momento se ha definido como tal-. Como Ruiz (2020) expuso:
Una dualidad moralista que presenta Rafter (2006) en su artículo “Shots in the Mirror: Crime Films and Society”, relacionado más con esos filmes policiales que legitiman el actuar violento del Estado, que genera un gran impacto en las políticas que emite el Gobierno para combatir la criminalidad. Filmes como el reconocido “Harry el sucio”, un héroe policial que cansado de la criminalidad y de ese Estado diseñado para los delincuentes, se rebaja al nivel de los criminales y funge como héroe salvando a la sociedad, practicando las mismas acciones de los que tanto dice odiar. (p. 17).
Representaciones culturales legitimantes que motivan a las personas a admitir el uso de las vías de hecho para conseguir “justicia”, sin importar que los medios seleccionados terminen generando más problemas de los que pretendía arreglar. En este caso, se evidencia en querer censurar actos de abuso policial mediante más violencia, por percibir la impunidad que existe en esta institución y que continuamente se observa por la normalidad de presenciar casos de extralimitación policial.
Función del castigo
Emile Durkheim (1938) suscribe la tesis de que el crimen y el castigo cumplen una función social, pues reafirma los límites morales (la conciencia moral general) de una colectividad cada vez que una persona es sancionada por el ordenamiento jurídico. Así nace una clase de efervescencia colectiva, cual especie de derecho penal, como ejercicio de la pedagogía moral. Si bien Durkheim expone en su trabajo que aquel ejercicio del castigo es llevado a cabo por el Estado como función sociológica de reafirmar esos valores generales de una colectividad, en este texto se desea traspasar esa función del castigo a los manifestantes violentos de una marcha. Si se observa bien, todos los actos vandálicos que se realizaron fueron con ocasión de una conducta que para la sociedad debía ser castigada, porque no lo veían como un caso en particular y aislado, sino como un atentado contra toda la población.
Es por ello, que parece ser que aquella conducta fue necesaria para reafirmar los límites morales de la ciudadanía, cuyo principal recurso fue ejercer una función estatal (el uso de los medios violentos para castigar determinada acción de una persona) a través de medios ilegítimos que no corresponden al derecho penal. “Gran parte de la población civil” legitimó y avaló aquellas conductas violentas como medio de protesta para trazar una línea sobre lo que la ciudadanía consideraba como malo frente al actuar de la Policía Nacional.
Esta postura de ver el castigo y al crimen como la medida que permite aquella reafirmación de la conciencia moral colectiva, fue retomada posteriormente por Gunther Jackobs en su tesis de la Prevención General Positiva, así como dice Escobar et al (2019):
De acuerdo con el funcionalismo radical, propuesto por Jakobs, las acciones humanas son comunicativas de manera que el delito constituye la negación de la norma mientras que la pena vendría a constituir la negación de la negación, esto es, la reafirmación de las expectativas normativas. Así, la misión de la pena no es otra más que reafirmar a la ciudadanía la vigencia de las normas violadas... (p. 118).
Ahora bien, si este grupo social que actúa violentamente en una manifestación lo hace con la necesidad y función de castigar la conducta de muchos oficiales de policía, para trazar la línea de los límites morales de aquella comunidad. Estos comportamientos vandálicos que se desarrollaron uno detrás del otro sobre estaciones de CAI, como también de otros establecimientos públicos y privados en la ciudad de Bogotá, se pueden explicar de igual forma, desde la teoría de la Asociación Diferencial de Edwin Sutherland.
El autor mencionado anteriormente, explica el comportamiento delictivo como una conducta que se aprende en contextos de interacción de seres humanos. Una serie de procesos comunicativos en grupos cercanos que terminan reforzando una cadena de técnicas transmitidas socialmente para la comisión de delitos, como de una serie de motivos, racionalizaciones y definiciones normativas en contra de los códigos legales, es decir, un exceso de aprendizaje a favor de la ilegalidad. (Hikal, 2017, p. 2).
Por tanto, el comportamiento delictivo de estas personas fue aprendido no solo de motivos y racionalizaciones, que los condujeron a atacar la infraestructura pública y privada para mostrar una indignación social frente a lo ocurrido en la madrugada de ese día, sino también de la oposición directa de los códigos normativos. En este caso, se presenta, en contra de la Fuerza Pública, conducta reiterada por varios grupos de manifestantes que aprendían del actuar delictivo de otros sujetos, en contra de estos establecimientos públicos e incluso individuos de la Policía Nacional.
Técnicas de neutralización
Sin embargo, a mutuo propio no es que estos sujetos tengan valores distintos a la sociedad, o que actúan en oposición directa a esta. Por el contrario, se ha venido explicando aquella actuación como la forma en que la energía de la sociedad se canaliza, de forma grupal (como una efervescencia colectiva) para castigar la conducta de ciertos individuos y reafirmar así los límites morales de la comunidad. No como exponía Albert Cohen (1955) con su tesis sobre las subculturas criminales: aquellas actuaciones de las bandas delincuenciales, cuyos integrantes entregan su lealtad a la banda, encaminando su actuación para ir en contra del orden social que sí acepta y acata la ley. En ese enfoque teórico, los criminales tienen un rechazo total a los valores de la sociedad y, por tanto, consideran que sus comportamientos y conductas ilegales son moralmente correctas.
En contraste, acá se suscribe la tesis de que “los delincuentes” [3] no tienen valores distintos a los de la sociedad. Así como anunciaban Gresham Sykes y David Matza en su texto “Técnicas de Neutralización: una teoría de la delincuencia”[4], la mayoría de los delincuentes no están en contra de las definiciones normativas de la sociedad. Quiere decir que no piensan que la comisión de determinados delitos sea buena, lo que ocurre entonces es que estos sujetos despliegan, antes y después de cometer un delito, estrategias comunicativas y mentales encaminadas a justificar las cosas que hacen estando aún de acuerdo con los valores de la sociedad. Estas técnicas, que los delincuentes realizan de forma previa a la comisión de algún delito, se les denominan técnicas de neutralización. Por ello Sykes y Matza (2004) afirman:
Es a través del aprendizaje de estas técnicas que un joven se convierte en un delincuente juvenil, y no a través del aprendizaje de imperativos morales, valores o actitudes en total contradicción con aquellos de la sociedad dominante. (p.131).
Es así como las personas que participan en la celebración de manifestaciones violentas justifican su actuar de forma previa con el uso de estas técnicas de neutralización, para de esta forma excusar su conducta. Si bien están de acuerdo con los valores de la sociedad que dicen que marchar de forma violenta, abusiva y vandálica es malo, despliegan estrategias comunicativas tales como: “en este caso si va a estar justificado por…”. Al respecto, Sykes y Matza hacen un recuento de 5 formas o técnicas que son usadas por los delincuentes para excusarse por su comportamiento delictivo.
En primer lugar, está la negación de la responsabilidad o agencia moral, la cual se da en el momento en que el individuo explica que su conducta fue influenciada por factores ajenos y externos. E otras palabras, causas exógenas que no le permiten actuar de forma libre, ya sea por el proceso de crecimiento que tuvo, calidad de vida y padres, grupos y amigos cercanos, su condición económica, etc. Esta es una técnica que trata de negar su responsabilidad en términos de culpabilidad, pues existió un cierto determinismo que forjó las conductas que cometió y no un margen de libertad que le haya permitido actuar de otra forma, anulando cualquier clase de reproche jurídico social.
La segunda forma se denomina la negación del daño, en donde puede que el delincuente reconozca su responsabilidad sobre su comportamiento, sin embargo, considera que el daño ocasionado por su actuar delictivo es simplemente irrisorio, por tanto, no genera un daño real como para privarse de cometer esas conductas. Puede entenderse mejor a partir del siguiente ejemplo: “Claro, yo me robe la billetera, pero es que esa gente tiene mucha plata, seguro no le afectará lo poquito que hurte”. De igual forma, está la técnica de la negación de la víctima, en esta circunstancia, si bien el sujeto puede llegar a admitir su responsabilidad y el daño ocasionado con su actuar, como dice Bompadre (s.f) con respecto al sujeto, es que este puede:
(…) alegar que a la luz de determinadas circunstancias “ese” daño no es algo malo. En efecto, se trataría de una forma de castigo o retribución justa: el delincuente asume el rol de vengador y la víctima es puesta en el lugar del delincuente (ataques a homosexuales, a minorías discriminadas, robos a dueños de comercios que se consideran deshonestos, venganzas contra maestros catalogados como injustos, etc.). De esta forma, al negar la existencia de la víctima (convirtiéndola en un sujeto que merece el castigo), el acto queda moralmente habilitado. (párr. 6).
Esto ocurre también en circunstancias donde la víctima de un delito de acceso carnal violento es una mujer, y surgen entonces argumentos machistas para negar su calidad de víctima en aquella conducta, para posicionarla como la responsable de lo sucedido, pues “ella se lo buscó” o “quien la manda a haberse vestido así”. De igual modo cuando la víctima del delito es en cierto modo abstracta y no puede interferir en la conducta de la persona, como los delitos en contra de la Nación, sus recursos, bienes, etc.
En cuarto lugar, el rechazo de los que rechazan y la censura de los que censuran o la condena a quien condena. Este enfoque, está dirigido a desplazar la censura moral al que juzga en vez de quien está siendo juzgado, es decir, la persona traslada la atención de su comportamiento a las razones que tienen aquellos que rechazan sus actos. De esta manera el delincuente logra que su conducta pierda el foco de vigilancia con más facilidad.
Puede verse a modo de ejemplo, lo que ocurre cuando un político tradicional, con un amplio respaldo social y político, en determinada sociedad, es indiciado y posteriormente imputado y acusado de un delito por un Juez de la República (cuando el procesado cuenta con un fuero constitucional). La bancada que respalda a este sujeto o incluso él mismo, dedica a desviar el foco de atención con respecto a la conducta que le endilgan -la comisión de un delito-, para enfocarse a juzgar y rechazar a quien lo investiga. Además, acusa y juzga, argumentando que dicho proceso se está llevando a cabo por una persecución política, odio y rencor por el modo de pensar de dicho sujeto, cual ceremonia de degradación, para deslegitimar la función que tiene determinado funcionario o institución.
En quinto, y último lugar, se encuentra la apelación a las voluntades o lealtades superiores, entendido como, el querer recurrir a un ente o voluntad superior al individuo que cometió la acción delictiva para justificar su comportamiento. Tales frases como: “Era necesario para proteger la democracia colombiana y su soberanía nacional”, “la historia me absolverá” o incluso “Dios es quien tiene el poder único para juzgar mi actuar, y en este caso no condenara mi acción”. Es así, como todas estas técnicas están encaminadas a descubrir cuáles son las cosas que nos decimos para justificar las cosas que hacemos, tanto como las cosas que callamos.
Adicionalmente, Stanley Cohen en su libro “Estados de negación” desarrolla su texto en lo que él llama como negación, un proceso colectivo como individual, de modo que refutan o niegan el suceso de determinados hechos. Alonso (2014) dice:
Su obra detalla procesos de neutralización y transferencia de culpa utilizados para negar y difuminar la responsabilidad por los crímenes cometidos, el apoyo a estos o la pasividad ante ellos. Incluye entre esos métodos de distanciamiento moral para justificar actos de violencia como el terrorismo la utilización de un lenguaje eufemístico y distorsionador de la realidad o la deshumanización de las víctimas. (párr. 2).
Es así como expone tres grandes formas de la negación. La primera de estas vendría siendo la negación literal, aquella que niega rotundamente que el acto delictivo se hubiese cometido. En segundo lugar, la negación interpretativa, que acepta el hecho, pero no sus interpretaciones naturales o convencionales, donde el delincuente acepta el hecho de haber matado a una persona, pero niega su interpretación en cuanto explica que fue una muerte que no significa nada en un sin fin de homicidios que ocurren con ocasión de un conflicto armado o bien “…acepto que asesiné a estas personas, pero no es cierto que fueran civiles, pues eran terroristas pertenecientes a un grupos al margen de la ley”.
La tercera forma de negación, es la negación de las implicaciones morales o implicatoria donde la persona acepta el hecho, sus interpretaciones, pero no sus consecuencias morales, políticas o sociales. Un ejemplo de esto podría ser: “Claro, los grupos paramilitares terminaron desencadenando más daño, pero era necesario para salvar a Colombia de las manos comunistas de un grupo guerrillero”.
A partir de todo lo anterior, se pueden analizar más fácilmente las distintas técnicas de neutralización o de negación que usan las personas para abanderarse de la violencia en distintas manifestaciones o marchas pacíficas que nuestra Constitución ampara (art. 37 Superior). Es así como estos sujetos estando de acuerdo con la moral colectiva justifican su actuar violento para excepcionar su conducta a lo que la sociedad considera como negativo.
Entre estas técnicas de neutralización y Estados de Negación se encuentra la negación del daño, donde en efecto, el sujeto acepta su responsabilidad de atacar establecimientos públicos y privados, como a personas. Lo anterior, desencadena aún más una violencia generalizada, empero no cree que haya un daño real, o más bien el daño ocasionado no es comparado con lo que se pretende rechazar. A juicio de quienes ejercen estas acciones, vale más la vida de un ser humano que un CAI quemado y con paredes rayadas, aunque no se den por enterados que, por estas acciones, personas a su alrededor terminen muriendo.
De igual forma se puede observar la negación de la víctima, pues en esta circunstancia muchos aceptan su responsabilidad e incluso el daño, mas no aceptan que exista una víctima en su conducta delictiva. Lo anterior se da, ya que cambian el rol de victimarios a vengador, y a las instituciones públicas y uniformados en el rol de victimario, ya que se desea castigar la actuación de dos oficiales de policía de forma generalizada a toda una red de funcionarios públicos al servicio de una entidad estatal. De esta forma, al negar que hubiese una víctima en su conducta delictiva, su comportamiento queda legitimado. Asimismo, pueden exponer que los arreglos de estos daños a bienes públicos provienen de los impuestos que ellos mismos pagan, por tanto, su actuar es justificado en cuanto ellos mismos terminan reparando lo que generaron.
En la misma línea está el rechazo a quien condena, en cuyo caso estas personas censuran a quien está juzgando su comportamiento delictivo, es decir, trasladan el foco de atención de su acción hacía la institución que ocasionó el daño por el cual ellos iniciaron la protesta, de esta forma la Fuerza Pública pierde cualquier legitimidad de censurar actos que, en la lógica de estos delincuentes, ellos mismos provocaron.
Igualmente, y a mutuo propio la más importante, pues es la que con mayor frecuencia recurren a esta clase de individuos, es la apelación a las voluntades superiores. En este caso, las personas justifican su comportamiento violento en el ejercicio de una manifestación, exponiendo que es necesario dado que, de esta forma es como las revoluciones a lo largo de la historia se han gestado y de igual forma como los grandes cambios se han logrado. Apelando a los valores de la Nación y a la Historia como forma de excepcionar su conducta, porque a su modo de ver, ejercer la violencia es la única forma y vía de acción para lograr ser escuchados, así como la historia “nos lo ha enseñado” -como si la evolución del ser humano no nos haya llevado a aprender del uso de la violencia-.
Por último, está la negación de las implicaciones morales de Stanley Cohen. La forma en que, si bien estos “manifestantes” aceptan el hecho, las interpretaciones que se deriven de su actuar, no aceptan sus consecuencias morales. Pues desde su perspectiva consideran que ejercer la violencia es la única forma en que el Gobierno tomará en serio sus peticiones y no pasará de largo las conductas delictivas de la Fuerza Pública en procedimientos donde abusa de su superioridad. De este modo, buscan aceptar el hecho, y a su vez justificarlo porque por medio de ella envía un mensaje a la Policía, de que la sociedad repudia en extremo esa clase de comportamientos y no está dispuesta a tolerarlos en lo más mínimo. Así, en resumen, la violencia para ellos en las manifestaciones es necesaria para prevenir futuros abusos que el Gobierno ejerza sobre sus gobernados.
Foto tomada de: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/manifestaciones-paro-nacional-hoy-26-de-mayo-3176048.
Conclusiones
Lo expuesto anteriormente, genera una serie de preguntas y dudas en relación con su modo de actuar y ver el panorama general. ¿Escuchará el Gobierno las pretensiones de las personas que manifiestan en contra de conductas con las que no está de acuerdo? ¿Dejará pasar aquel asunto, y continuará con la agenda nacional, esperando que el descontento popular disminuya poco a poco? o, por el contrario, ¿actuará con aún más violencia para reprimir todas aquellas manifestaciones violentas y que no se realicen de manera pacífica? ¿La violencia que pretenden frenar por parte de la Fuerza Pública, cesará en tanto ellos también la usen?
Desde una perspectiva positiva, puede entonces afirmarse que el Gobierno escuchará y atenderá el descontento social frente a las constantes violaciones de derechos a ciudadanos que se vienen presentando desde hace varios años por parte de la Fuerza Pública. Porque como afirma Hough y Roberts (2012):
La opinión pública afecta todas las etapas de la justicia penal. Los legisladores contemplan la reacción del público cuando proponen una legislación. Es poco probable que se promulgue una política que se percibe como profundamente impopular, por muy basada en principios o eficaz que sea. (…) La preocupación del público por un tema local, como el sexo o el tráfico de drogas, puede determinar dónde con qué frecuencia patrulla la policía. Los fiscales aplican una prueba de "interés público" al decidir si iniciar un proceso judicial (…) (p. 239-240).
Es decir, las representaciones culturales de la población en general, emitidas desde múltiples opciones (marchas, escenarios televisivos o radiales, etc.), influencian en el discurso político-criminal en la medida en que el Gobierno y las instituciones estatales escuchan las preferencias, opiniones o interés público.
Por otro lado, está la perspectiva nacional, donde las preferencias de la población no son tomadas en cuenta por las autoridades. El uso de la violencia dentro de las manifestaciones puede provocar una división social, entre quienes aprueban estas conductas para lograr ser escuchados y generar algún tipo de cambio, y los que desaprueban cualquier tipo de violencia en las protestas que realice la ciudadanía. Esto ocasiona una paradoja en la actuación de aquellos que se abanderan de la violencia para la obtención de un cambio. Si el fundamento que los impulsa a actuar de dicha forma es el cese de la violencia por parte del Estado, y deja como consecuencia la muerte de seres inocentes, misma conducta se ve reflejada en ellos cuando deciden optar por la fuerza.
Es por ello, que los actos violentos hacia los bienes públicos y privados o hacía los servidores de la Fuerza Pública sin motivo alguno, o sin que medie una defensa, generaría lo que Jock Young (1971) llamaría la espiral de la amplificación de la desviación. En cuyo caso las personas que en su momento rechazaron el abuso de autoridad de oficiales de policía hacia un ciudadano, y que no suelen participar en manifestaciones; o personas que, sí participen en ella, pero de forma pacífica, empiecen a solidarizarse con aquellos que sufren las consecuencias de estas prácticas violentas (bien sea integrantes de la Fuerza Pública, manifestantes heridos a causa de enfrentamientos o propietarios de bienes privados afectados por estas circunstancias), y empiecen a oponerse verticalmente hacía estos grupos violentos, e incluso a las mismas manifestaciones pacíficas.
Dado que, muchas personas amplifican su convicción con aquel grupo, con esa pertenencia pues creen que hay una represión injustificada. FLa represión excesiva de ciertos comportamientos, y en este caso de la violencia, generará que la gente se reafirme en esas convicciones. Por tanto, la lucha inicial de reformar una institución donde ocurren violaciones de derechos, garantías y deberes hará que se difumine o desvié con el uso de herramientas ilegítimas o vías de hecho.
¿Logrará entonces el uso de la fuerza en las protestas generar un cambio? o, por el contrario, ¿desencadenará en una violencia generalizada que dividirá a la población y se olvidará la razón por la cual se decidió manifestar? Así pareciera entonces que la violencia es el último recurso del incompetente (Isaac Asimov, s.f.).
Porque como exponía Albert Camus (s.f.) “Me decían que eran necesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no se mataría”.
[1] Considerados en este texto como aquellos que ejercen violencia en determinadas marchas, abandonando cualquier forma o práctica de manifestación pacífica. [2] Texto original de American Sociological Review. Columbus,OH, v. 22, n. 4, p. 664-670, ago., 1957. Traducido: María Florencia Vaquero. Delito y Sociedad, Buenos Aires, v. 13, n. 20, 2004. [3] Pues como expone el Observatorio de DD.HH. Indepaz (2021) se presentaron para el 2020, con corte al 31 de diciembre de dicho año, 91 masacres por todo el país con un total de 381 personas asesinadas, en más de 60 municipios. Y lo que va corrido del 2021 con corte al 21 de septiembre, 72 masacres en el 2021 con 258 víctimas. [4] Entre estos, como informó Serrano (2020) en un artículo de La FM: “el informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), que reveló casos de acoso sexual y laboral al interior de la Corte Constitucional” (párr. 1). Como el reciente escándalo de corrupción entre el Ministerio de las TICS y la Unión Temporal Centros Poblados, implicados no solo personas ya condenadas por el carrusel de la contratación, sino también Congresistas de la República, entre otras tantas circunstancias.
Nota: La información expresada en este artículo no compromete la voluntad de la Universidad del Rosario ni del Periódico Enclaustrados.
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